EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO

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Los economistas pedimos coordinación en las políticas económicas para ofrecer soluciones integrales al reto del envejecimiento

El avance imparable del coronavirus durante el 2020–con efectos devastadores a muy corto plazo sobre las vidas humanas, el empleo y la actividad económica– ha colocado al envejecimiento como uno de los campos de estricta y urgente intervención no sólo durante la crisis sanitaria sino muy especialmente cuando ésta finalice.

Desde el Consejo General de Economistas, a través de su Servicio de Estudios se ha editado un trabajo titulado «El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral (cómo abordar de forma multidisciplinar el envejecimiento)«, en el que sin obviar el golpe que ha supuesto la COVID-19 sobre la materia objeto de este estudio, su objetivo es más amplio –de hecho, su elaboración se inició bastante antes del inicio de la pandemia– e intenta analizar tendencias de fondo desde una perspectiva integral y generar un debate más allá de la reforma del sistema de pensiones.

Las aproximaciones parciales generan resultados parciales, y solo bajo una mirada global será posible establecer consensos y agendas reformistas estructurales a largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes; un proyecto de una envergadura tal que se necesitará una perfecta coordinación entre el sector público y el privado.

La forma de afrontar el reto del envejecimiento para las sociedades occidentales tiene dos vertientes: por un lado, las políticas públicas y, por otro lado, las decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de control: ahorro, stock de capital, productividad y cuña fiscal

Entre los datos que se pueden extraer de este estudio, hay dos que ponen especialmente de manifiesto las diferencias entre España y el resto de Europa en esta materia. El primero es que la financiación per cápita de la dependencia en España está por debajo de la media de la UE-27, concretamente 184,63 euros per cápita menos.

Y el segundo es que en nuestro país un 90% de los programas de salud y dependencia están financiados con cargo a dinero público, frente a sólo un 10% con cargo al sector privado, algo que no sucede en otros países de nuestro entorno.

El envejecimiento supone un reto de primera magnitud para la sostenibilidad de las cuentas públicas y con implicaciones para el propio modelo de crecimiento económico. Es esencial analizar cómo hacer compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social sin olvidar los criterios de suficiencia y equidad intergeneracional. Este no es un problema exclusivo de España por lo que es muy útil mirar qué tipo de medidas y modelos se están adoptando en otros países de nuestro entorno.

La Dependencia, en estos momentos en España, es prácticamente invisible y está infrafinanciada. Y hay que tener muy en cuenta que la demanda de atención va a seguir creciendo en los próximos años, básicamente porque llega la hora de la jubliación de la generación del «baby boom» y durante los próximos 30 años la población con necesidades asistenciales va a ir incrementándose sin parar.

La economía española afronta compromisos financieros por envejecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030, lo cual obliga a la creación de “colchones anticíclicos” que cubran los excesos de gasto en cada momento del ciclo económico sin recurrir a una dinámica acelerada de endeudamiento.

El hundimiento de la rentabilidad del activo sin riesgo (bono español a 10 años) y el incremento de los salarios, hizo que hasta principios de 2020 el sistema público de reparto fuera socialmente más óptimo que el sistema de capitalización. Esta situación puede darse la vuelta en 2021 si se mantiene la tendencia alcista en la prima de riesgo de España y la destrucción temporal de empleo y salarios derivada del ‘coronavirus’ se convierte en permanente.

Podría resultar positivo potenciar la “jubilación activa” eliminando barreras a la entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100% de la base reguladora. También sería conveniente desincentivar el retiro temprano (basado en prejubilaciones, bajas incentivadas o EREs) para cerrar el gap de 1,3 años de edad efectiva de jubilación española frente a la media de la Eurozona.

Del total del ahorro familiar, el 74% está invertido en activos inmobiliarios (casi un 50% es la vivienda habitual y el 24% restante son segundas viviendas, suelo u otro tipo de bien inmueble), aunque, en términos generales, existe una tendencia clara hacia una mayor diversificación de la cartera con activos de riesgo que se mantienen a lo largo del tiempo y que especialmente juegan un papel relevante en las edades inmediatamente anteriores a la jubilación. Podría ser interesante la inversión en activos de sesgo más conservador como pueden ser fondos de inversión mixtos, seguros o planes de pensiones; y quizá también la búsqueda de activos que generen rentas de forma periódica como cupones, dividendos o beneficios fiscales.

España encabeza el ranking de los principales países europeos que viven más años de forma sana junto con Francia. La OMS calcula que los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto de años hasta los 83 (aproximadamente 10 años) lo hará de forma dependiente, aquejados de enfermedades graves o en una situación de invalidez que merma significativamente la calidad de vida.

Y en España abordamos también una realidad cada vez más notable como es la soledad. En España viven 2 millones de personas solas en sus hogares mayores de 65 años, lo cual supone el 22,75% de las personas en dicha edad. En la franja de personas a partir de 80 años el número de las que viven solas es de casi 900.000 (31,03%).

En base a los datos anteriores sobre los años que se viven de forma dependiente y el número de personas que viven solas, se puede colegir que es de suponer que un alto porcentaje de esas personas mayores de 80 años que viven en soledad se encuentren a su vez en situación de dependencia y con una pensión media de aproximadamente 1.100 euros.

Resultaría positivo potenciar la “jubilación activa” eliminando barreras a la entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100% de la base reguladora.

También sería conveniente desincentivar el retiro temprano (basado en prejubilaciones, bajas incentivadas o EREs) para cerrar el gap de 1,3 años de edad efectiva de jubilación española frente a la media de la Eurozona.

El envejecimiento es una gran oportunidad; una oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, aprovecharán otros.

Estudio: «El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral»

Fotos: Geralt, Alexas_Fotos y pinterastudio

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